Los parados en riesgo de exclusión tendrán prioridad en el nuevo decreto de empleo de la Junta

Los parados de larga duración con mayor riesgo de exclusión social tendrán prioridad en el nuevo decreto ley de medidas urgentes para impulsar el empleo entre la población de más de 30 años, que ha sido aprobado hoy por el Consejo de Gobierno y del que se beneficiarán entre 15.000 y 20.000 andaluces.

El nuevo decreto ley, que dispondrá de una dotación de 106 millones de euros en los dos próximos años, de forma que las contrataciones se canalizarán a través de los ayuntamientos y también de las entidades sin ánimo de lucro.

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, ha subrayado que el nuevo plan va dirigido a los andaluces «más golpeados» por los efectos de la crisis -en Andalucía hay 400.000 parados de larga duración-.

Este plan, aprobado hoy por el Consejo y del que se beneficiarán entre 15.000 y 20.000 andaluces, pretende impulsar el empleo entre la población de más de 30 años

AMENZADAS CON ACUDIR AL CONSTITUCIONAL El Gobierno cede

El Gobierno está abierto a tramitar como proyecto de ley el decreto que el Pleno del Congreso tiene previsto convalidar este jueves en un trámite muy criticado ya que se considera que no va a someterse a un debate suficiente, pese a que modifica un total de 26 leyes.

«El Gobierno está abierto a que se tramite como proyecto de ley. No tenemos absolutamente ningún inconveniente en valorarlo y si se pueden producir modificaciones, bienvenidas sean», se ha limitado a decir evitando un adquirir un mayor compromiso.

El Gobierno y el PP han utilizado su mayoría absoluta para imponer que la convalidación del decreto ley tenga lugar ese jueves, tan sólo tres días después de que haya sido remitido al Congreso, y que las 47 medidas que modifican 26 leyes que afectan a varios ministerios se sometan a una única votación.

En primer lugar, el secretario de Estado ha defendido que, en contra de lo que sostiene la oposición, era necesario aprobar estas medidas mediante un decreto ley porque son «necesarias y urgentes». El amplio decreto ley, de 172 páginas, recoge desde una modificación del IRPF de los autónomos, la llamada garantía de empleo juvenil, la privatización de AENA, la liberalización de horarios comerciales o el traspaso de la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles.

Todos los grupos de la oposición han abroncado este martes al Gobierno por haber utilizado un decreto-ley para modificar un total de 26 leyes que afectan a nueve ministerios y utilizar su mayoría absoluta para imponer, que el Pleno del Congreso lo convalide este mismo jueves, sin dar la posibilidad a los grupos de presentar enmiendas, pudiendo hablar sólo 15 minutos y sin oportunidad de confrontar directamente con los ministros de los departamentos afectados.
Todos los portavoces que han intervenido, salvo el del PP, han cargado contra el Gobierno, en primer lugar por «abusar» de los decretos leyes, una fórmula legislativa que, según han recordado, la Constitución sólo permite utilizar en caso de «extremada y urgente necesidad», condiciones que, en su opinión, no se dan ahora.